Tal como se preveía desde hace meses por la recomendación del Comité Científico, la ONU decidió prohibir el agroquímico endosulfan. Aquí, la opinión de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) y de la diputada Cecilia Merchan. Y la propuesta oficial.
La V Reunión de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), celebrada en Ginebra, aceptó la inclusión del endosulfán en el anexo A. Esto significa que un organismo del ámbito de las Naciones Unidas promueve la prohibición de su uso en todo el mundo. El agroquímico en cuestión es un insecticida que aún se utiliza en Argentina para la fumigación de cultivos, a pesar de no estar permitido en 80 países. El SENASA convoca a una consulta para normar el modo en que se realizará la prohibición total de su uso, que podría efectuarse en 5 años.
Las posturas. Si bien hubo mayoría en la moción de aceptar la inclusión del endosulfán en el anexo A, India, China y Uganda solicitarion exenciones. En el caso de India, que ya había presentado críticas al consenso generalizado, argumentó que las alternativas al endosulfán tampoco eran seguras para salud y hasta quiso impedir la inclusión del agroquímico como COP.
Los permisos para utilizar el insecticida que fueron otogrados a estos países, pueden ser pedidos por el resto ya que la decisión de la Conferencia no atañe a los países. Las exenciones sólo incluyen cultivos específicos y conceden el uso del agroquímico ante determinadas plagas. Por este motivo, la representante argentina, Romina Bocache, manifestó su acuerdo con la posición latinoamericana de aceptar la incorporación sin excepciones.
Situación argentina. El endosulfán es, aún, ampliamente utilizado en el país. Desde hace años, diversas ONGs vienen luchando contra su uso y las fumigaciones aéreas. La diputada Cecilia Merchán (Libres del Sur) fue quien organizó audiencias para debatir la prohibición del insecticida y en un comunicado de prensa mostró su entusiasmo ante la resolución de la Convención. Aclaró que la decisión del gobierno de apoyar la prohibición del endosulfán fue producto de las constantes peticiones de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
“El gobierno hasta ahora incumplió con los mecanismos de consulta previa establecidos por el Convenio. De ahora en más, es importante que las medidas que tome el Ejecutivo incluyan a todos los sectores involucrados con la decisión: los productores, los profesionales de la salud, los pueblos afectados, las cámaras de comercialización y las organizaciones que trabajan en esta problemática”, expresó en el comunicado.
Javier Souza Casadinho, coordinador regional de RAP-AL estuvo presente en Ginebra y en un comunicado de prensa sugirió que ahora es tiempo de pensar no sólo en el compromiso político de no pedir eximisiones sino también en alternativas al endosulfán. Según expresó: “Combinando los saberes científicos con los saberes comunitarios, campesinos y de los pueblos originarios, se puede favorecer una adecuada nutrición del suelo y de la misma manera recrear biodiversidad beneficiando la reproducción de insectos parásitos y predadores restableciendo el equilibrio ecológico”.
Merchán también sostuvo que esto recién empieza, y que las tareas a realizar a partir de ahora son muchas: “Por ejemplo, deben consensuarse los plazos para la eliminación del endosulfán. Explicitar claramente cuáles serán las alternativas, así como la metodología de reemplazo. Definir si va a haber excepciones. Una serie de medidas que no puede tomar el gobierno y esperar que todos los sectores acaten sin más”.
La propuesta oficial. En relación al reclamo que había hecho Merchán, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que desde el 20 de abril hasta el 21 de junio mantiene abierta una consulta pública para “establecer por resolución los plazos de prohibición total del uso, importación, elaboración y formulación del Endosulfán y sus productos formulados”. La propuesta gubernamental es una eliminación progresiva de cinco años, que refiere sobre todo al porcentaje permitido de importaciones del producto, ya que no se produce en el país (Ver recuadro).
El Portal BiodiversidadLA informó que la representante de la delegación argentina, Romina Bocache, expresó que la decisión adoptada “va en consonancia con la proyección de la salud humana y el ambiente de nuestro gobierno”. En el país, aún se utilizan unos cuatro millones de litros al año de endosulfan. Esto lo convierte en el insecticida más utilizado, a pesar de que algunas firmas comerciales habían comenzado a restringir su circulación.
Los contaminantes orgánicos persistentes tienen graves efectos negativos en los ecosistemas y en la salud humana. Como ya fue descripto antes, alteran el funcionamiento del sistema inmune y el endócrino, son cancerígenos y tóxicos para el neurodesarrollo. El desafío integral no es reemplazarlo por otro agroquímico al que luego se le descubran efectos negativos, sino implementar técnicas alternativas dentro de la agroecología, como planteó Souza Casadinho.
Fuente: Comunicación Ambiental (periodismo sustentable + observatorio de medios) http://www.comambiental.com.ar
